En este país un empresario decide hacer una donación condicionada a la Sanidad, nos complicamos en validar su pureza de sangre, y perdemos la oportunidad de controlar en qué utilizó el poder público esa donación. Podíamos haberles preguntado por ejemplo, si se podían haber resuelto o paliado problemas de las islas menores con los tratamientos de cáncer, o por qué era mejor distribuirlo como lo han hecho.

Como ciudadanos hemos olvidado que la OPINIÓN PÚBLICA también juega un papel en el control de las cuentas públicas, y que el interés por las explicaciones de nuestros representantes ejerce la fuerza con la que juguetean la oferta y la demanda. Porque ellos venden y nosotros compramos. Si preguntamos por el producto, será más fácil que afinen al ponerlo a la venta. Mientras más preguntemos o nos mostremos informados sobre qué se hace, más fácil será que se preocupen por hacer lo que nos interesa que se haga. Es así de fácil.

Busque, compare, y si encuentra otro mejor, …vótelo“.

La Justicia es un servicio público en el que se gastan casi 1578 millones de euros, del Estado, y otros 134 millones en la Comunidad Autónoma (según datos de 2016). Es un servicio lento, disfuncional e ineficiente muchas veces. Pero por desgracia, los ciudadanos han asumido que es así y que sus males son endémicos, estructurales. La sufren y ya está.

La cuestión es que nos hemos preocupado poco de contar lo que ocurre, lo que se hace y lo que no, lo que se necesita hacer.  A menudo la información de Tribunales se basa en una cierta crónica de sucesos, y el penúltimo descrédito de un miembro de la justicia. Las polémicas sobre alguna norma o medida que vaya más allá del golpe de titular son difíciles de encontrar en la prensa y más difíciles aún de seguir por los no profesionales.

Nos quejamos entre nosotros, nos lamemos las heridas en los foros profesionales y muchas veces ni siquiera unos con otros porque incluso asumimos como verdad que los estudiantes de derecho, los cuerpos de la administración, los letrados, jueces, fiscales, abogados, procuradores, notarios y registradores, tienen problemas distintos. En realidad hay muchos problemas y necesidades compartidos, y con toda seguridad podríamos tejer con un hilo invisible de causas y efectos los problemas de todos. Asumimos la falta de recursos, la mala técnica legislativa, la lentitud, la falta de reciclaje y de formación (siempre del otro), y así nos va.

Acostumbrarse es una palabra terrible que ojalá nunca aprendas”.

Los responsables de esos silencios somos legión. Eso sí, una legión pequeñita. Si los CIUDADANOS no comprenden lo que sabemos diagnosticar que nos pasa, nunca daremos pasos en la dirección correcta. Resulta que los profesionales, para mejorar la oferta que la Justicia nos hace, necesitamos a los ciudadanos planteando su demanda con nosotros. Tenemos que explicarnos. Necesitamos que entiendan.

Y a eso quisiera ir. Contemos el periplo por las tasas, el papel cero, las disposiciones finales y las leyes de presupuestos como fórmulas ya asumidas de modificación de normas, la legislación en sede ejecutiva y no en sede legislativa; hablemos de colegios profesionales, de las avalanchas de modificaciones en año preelectoral, de la convivencia de poder ejecutivo y poder judicial en la Justicia, de la creación de un juzgado único. Revisemos las cuentas. Expliquemos lo que venga. Hagamos que se entienda.

¿Alguien se apunta?

Sabedora Calfurnia

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