Tener un blog para ser tibio es un poco un “ir pa´ná”, así que parece que lo que toca es sacudir la alfombra de la situación creada por las manifestaciones radiofónicas del Sr. Catalá, Ministro de Justicia.

Imagino que cualquiera que lee blogs gusta lo suficiente de alimentarse la cabeza como para haber visto en algún medio que las fiscales del Caso Púnica, (una de las tramas por corrupción que afectan al PP), han sido públicamente reprobadas por el Ministro por un comportamiento que se arguye anómalo al no acatar la opinión de los superiores jerárquicos.

De un tiempo a esta parte se produce periódicamente una confusión de lo ejecutivo con lo judicial, y de lo público con lo privado (como cuando se tuvo la intención de ceder las funciones del Registro Civil al Notariado), que pone de relieve la absoluta falta de respeto por el ejercicio de la función pública que está en la base del contrato social; y desprecio o ignorancia, por el hecho de que la división de poderes no es otra cosa que un sistema de control interno absolutamente necesario para un desarrollo pleno de las libertades en un país democrático.

Las fiscales, que llevan el asunto desde el año 2014, aprovechando un informe sobre otra implicada también aforada y miembro del PP, han argumentado que no pueden actuar contra él por imperativo jerárquico, pero que ven en el comportamiento del Sr. Sánchez, Presidente de la Comunidad de Murcia, indicios de la elaboración de un plan criminal para desviar fondos de la Consejería de Educación murciana a las empresas de un conseguidor, con la finalidad de mejorar su imagen en redes sociales. Este planteamiento que tenían, -continuar con la acusación-, y que se corresponde con la visión manifestada en las resoluciones del Magistrado Eloy Velasco, ha recibido el veto jerárquico de los Fiscales de Sala del TS con apoyo en unos informes de su Secretaría General y del Fiscal General del Estado.

Hasta ahí, solo se había producido una puesta en funcionamiento de las jerarquías en un cuerpo que tiene tal naturaleza; y una exposición pública por parte de las fiscales del caso de su disconformidad con el parecer expresado por sus superiores.

No seré yo quien lance una catilinaria sobre la infecta condición jerárquica de la fiscalía, que se vive seguro por sus miembros con más naturalidad de lo que podría parecer por la mala publicidad que se le hace. Y sería rentista sacar en este contexto la bandera de que el Fiscal General del Estado y el CGPJ son órganos de gobierno de piezas fundamentales del Poder Judicial y no deberían estar influidos por la designación que se hace desde el poder ejecutivo del Fiscal General, o de miembros del CGPJ. Tampoco conozco los autos, ni la profundidad de la causa Púnica, como para saber si el Magistrado y las fiscales están tan imbuidos del asunto que no son capaces de ver lo que desde otro prisma han visto los Fiscales del TS (la ausencia de delito). No se me ocurre perder energías en sospechar del hecho de que el afectado supiera el sentido del posicionamiento jerárquico antes que las personas que tenían que acatarlo.

Ahora bien, lo que sí me parece de todo punto INACEPTABLE es que el Ministro, representante último de la Administración de Justicia, y por lo tanto PODER EJECUTIVO, opine, tome partido, repruebe, e incluso amague con facultades disciplinarias cuando la posición de estas trabajadoras del PODER JUDICIAL va en contra del criterio de sus superiores, que es favorable a un miembro de su partido. En este sentido se ha manifestado ya la Unión Progresista de Fiscales, que ha llegado a pedir la dimisión del Ministro por una intromisión en la autonomía del Ministerio Fiscal; y el Consejo Fiscal, que ha reprobado a su vez al Ministro. Esto, lejos de ser un problema de protocolos, es una cuestión de equilibrio y de respeto a la división de poderes.

Son malos tiempos sí, para la democracia.

Sabedora Calfurnia

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